La propuesta contempla la definición de obligaciones y beneficios jurídicos para los integrantes de estas estructuras que decidan someterse a la justicia. Su avance legislativo abre una nueva discusión sobre las herramientas legales que podría utilizar el Estado colombiano para combatir la criminalidad organizada y reducir la violencia en el país.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo cita un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado con cifras del Ministerio de Defensa, según el cual el número de integrantes de grupos armados pasó de 15.120 en diciembre de 2022 a cerca de 28.802 en julio de 2026. Esto representa un incremento aproximado del 90 % durante ese periodo.

El documento también detalla la composición de varias de estas estructuras. El Clan del Golfo registra 10.268 integrantes; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 7.123; el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, 4.480, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 2.359.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto entra en una etapa decisiva dentro del Congreso. Su futuro dependerá de las discusiones en las plenarias, donde los legisladores deberán evaluar el alcance del mecanismo, las condiciones de sometimiento y los beneficios previstos para quienes se acojan a la justicia.