La decisión fue adoptada el 9 de julio de 2026, cuando el alto tribunal rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del excongresista contra la resolución de acusación emitida en diciembre de 2025. Con ello, la Corte ratificó que existen elementos probatorios suficientes para que el caso avance a la etapa de juicio.

Según la investigación, desde octubre de 2017 se habría conformado una estructura integrada, presuntamente, por Arturo Char, Alejandro Char, el empresario Julio Gerlein y la excongresista Aida Merlano, con el propósito de asegurar resultados electorales en los comicios legislativos de 2018.

La Corte sostiene que la organización habría operado desde el inmueble conocido como "Casa Blanca", en el barrio El Golf de Barranquilla, donde, según el expediente, se coordinaba la compra de votos mediante pagos que oscilaban entre 50.000 y 90.000 pesos por sufragante.

Para respaldar la acusación, los magistrados analizaron testimonios, videos, informes de Policía Judicial y registros técnicos obtenidos durante la investigación. Entre las pruebas figuran declaraciones que vinculan a Arturo Char con reuniones y actividades relacionadas con la presunta estructura, así como evidencias sobre el supuesto financiamiento de la organización con recursos provenientes de contratistas de obras públicas.

La Corte precisó que, en casos de presuntas organizaciones criminales, quienes ocupan posiciones de dirección pueden ser llamados a responder penalmente aunque no ejecuten directamente todas las conductas investigadas, siempre que las pruebas permitan inferir que ejercían control o liderazgo sobre el plan delictivo.

Con esta decisión, el proceso judicial contra Arturo Char continuará en la etapa de juicio, donde se determinará su responsabilidad penal dentro del caso.