Amnistía Internacional (AI) denunció que el régimen de excepción implementado en El Salvador desde 2022 ha dejado al menos 470 personas muertas en centros de detención y más de 90.000 capturas arbitrarias, situación que, según la organización, podría configurar crímenes de lesa humanidad.
En el informe "Seguridad sin derechos", AI sostiene que muchas de las víctimas fallecieron sin haber sido condenadas y que existen denuncias de lesiones, violencia física y presunta negligencia médica. Además, afirmó que ninguna de estas muertes ha sido investigada de manera efectiva.
La directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que numerosas familias desconocieron durante semanas el paradero de sus seres queridos y, en algunos casos, recibieron sus cuerpos sin una explicación clara sobre las causas de la muerte.
El informe también advierte que las detenciones masivas, las denuncias de tortura, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal responderían a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
Las denuncias se suman a las presentadas por un grupo de juristas internacionales, que en marzo también acusó al gobierno del presidente Nayib Bukele de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante su política de combate contra las pandillas.
Aunque la estrategia de seguridad ha reducido los índices de violencia en El Salvador y mantiene altos niveles de popularidad para Bukele, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan el régimen de excepción por el impacto que ha tenido sobre las garantías judiciales y el fortalecimiento del poder del Ejecutivo.
