A pocos días de la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al nuevo gobierno para que cumpla con la implementación del Acuerdo Final de Paz, al recordar que existe una obligación constitucional y legal de continuar su ejecución durante el tercer periodo presidencial posterior a la firma del acuerdo.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con el Acto Legislativo que incorporó el Acuerdo de Paz al ordenamiento jurídico, todas las autoridades del Estado deben actuar en coherencia con los compromisos adquiridos, preservando su espíritu y principios.

El pronunciamiento se produce luego de que el presidente electo anunciara la eliminación de varias dependencias de la Presidencia, entre ellas la Oficina del Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y otras consejerías, cuyas funciones serán trasladadas a distintos ministerios como parte de una reestructuración administrativa.

Aunque reconoció que el Gobierno tiene la facultad de reorganizar su estructura, Marín advirtió que dichos cambios no deben afectar la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz ni generar retrasos para las comunidades, las víctimas y los firmantes.

Por su parte, el contralor general, Carlos Silgado, informó que la implementación del Acuerdo de Paz ha ejecutado recursos por 127,8 billones de pesos entre 2017 y 2025. Con la apropiación presupuestal prevista para 2026, la inversión ascenderá a 138,1 billones de pesos, equivalente a cerca del 65 % del costo total proyectado para los primeros 15 años de ejecución del acuerdo.