Según los afectados, la situación de orden público sigue deteriorándose y, pese a las denuncias, aseguran que no han recibido respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Los comerciantes manifestaron que, además de enfrentar las intimidaciones, atraviesan una difícil situación económica debido a que el proyecto donde fueron reubicados registra una baja afluencia de clientes, lo que ha reducido considerablemente sus ventas.

"Nos dejaron en un lugar donde llegan pocos compradores y las ventas son bajas. Ahora, además de esa situación, tampoco podemos salir a trabajar por las amenazas. Esto también espanta a los pocos clientes que aún nos visitan", expresaron.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades distritales y a los organismos de seguridad para que adopten medidas que les permitan ejercer su actividad comercial sin temor y garantizar la protección de quienes dependen de este trabajo para el sustento de sus familias.

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