Mientras algunos gobernadores y alcaldes respaldan la iniciativa al considerar que permitiría a ciudadanos cumplir un papel de defensa legítima ante la delincuencia, otros advierten que una flexibilización podría incrementar los hechos de violencia, facilitar el acceso a armas y agravar los problemas de seguridad.

Los defensores de la propuesta sostienen que el porte legal, bajo estrictos controles y requisitos, podría convertirse en una herramienta para disuadir el crimen. En contraste, quienes se oponen insisten en que la prioridad debe ser fortalecer la Fuerza Pública, mejorar la justicia y combatir el tráfico ilegal de armas.

El debate continúa abierto y se perfila como uno de los temas más sensibles en la agenda de seguridad del país, en medio de llamados a encontrar un equilibrio entre el derecho a la legítima defensa y la protección de la seguridad ciudadana.