Tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza el pasado 19 de Mayo, Las autoridades capturaron en territorio venezolano a María Fernanda Delgado y Edinson José Torres, propietarios del centro estético donde la mujer fue sometida a un procedimiento estético. Ambos fueron detenidos en el estado Portuguesa, mientras que un tercer implicado quedó a disposición de las autoridades en Maracay.

La solicitud de deportación realizada por Colombia se ha complicado debido a la legislación venezolana. En medio de ese panorama, este 21 de Mayo se desarrolló una audiencia en Venezuela en la que los implicados solo recibieron imputación por resistencia a la autoridad, ya que, según indicaron las autoridades, “en el expediente no hay más información, solo la alerta azul de Interpol”.

De acuerdo con las leyes venezolanas, esa imputación no implica cárcel inmediata. Incluso, inicialmente una jueza decretó la excarcelación de ambos procesados, aunque posteriormente se mantuvo una medida de aseguramiento judicial por 60 días mientras se analiza la solicitud presentada por Colombia.

Entretanto, autoridades de ambos países continúan las gestiones para definir si los detenidos podrán responder ante la justicia colombiana por los delitos relacionados con la muerte de Toloza, quien permaneció desaparecida durante seis días luego de practicarse un procedimiento estético en un establecimiento clandestino en Bogotá.

Uno de los principales obstáculos es que la legislación Venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Sin embargo, expertos han señalado que, si no prospera una eventual deportación, los implicados podrían ser procesados en Venezuela por hechos cometidos en Colombia mediante mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

El caso de Yulixa Toloza ha generado indignación nacional y reabrió el debate sobre los riesgos de los procedimientos estéticos realizados en centros ilegales, así como sobre las dificultades judiciales que enfrenta Colombia cuando los implicados huyen al extranjero