Son siete señalados cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín, Bello y el Valle de Aburrá.

La decisión se adoptó en el curso de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo.

Para el despacho, la resolución no tuvo en cuenta las exigencias que la Corte Constitucional impuso para la aplicación de la suspensión de órdenes de captura prevista en la Ley de 'Paz Total', en el marco de la exequibilidad condicionada del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

En síntesis, dicha medida no podía ser discrecional y generalizada, pues debía acatar parámetros de evaluación, como la suficiencia de la motivación administrativa, la necesidad de la medida para el cumplimiento de los fines legales y, la constatación de que la solicitud se encuentra dentro de los supuestos cubiertos por el marco legal de los acercamientos y conversaciones.

La medida cautelar se concedió respecto de 7 órdenes de captura que se mantenían suspendidas por la resolución.

La solicitud respecto de otros 16 integrantes de estructuras armadas referidos en la demanda fue negada, debido a que la Fiscalía, previo a esta decisión, revocó la suspensión de esas órdenes de captura.