El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió de manera temporal la intervención de Coosalud EPS y ordenó revertirla, tras evidenciar fallas en su ejecución y un deterioro en la situación de la entidad.

La decisión se produjo en el marco de una acción popular que busca proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa, luego de cuestionamientos sobre la implementación y resultados de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

El tribunal suspendió los efectos de las resoluciones que dispusieron la intervención en noviembre de 2024 y su prórroga en 2025, mientras se adopta un fallo de fondo.

Según el auto, la medida no cumplió con el objetivo de saneamiento y, por el contrario, se registraron retrocesos en indicadores clave. Entre ellos, un aumento del 32 % en peticiones, quejas y reclamos, así como un incremento en las acciones de tutela por la prestación del servicio de salud.

También se evidenció un deterioro financiero progresivo, reflejado en menor liquidez, incremento de cuentas por cobrar y pérdida de solidez patrimonial. A esto se suma la alta rotación de agentes interventores, que afectó la estabilidad administrativa.

El tribunal advirtió además riesgos para la prestación del servicio, señalando impactos negativos en la red de atención y posibles afectaciones a la continuidad, oportunidad y calidad del servicio para los afiliados.

Por ello, concluyó que la prolongación de la intervención podría agravar la situación y vulnerar el derecho a la salud de miles de usuarios, lo que motivó la adopción de la medida cautelar.

Finalmente, ordenó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de Coosalud EPS.